El RIGI lleva poco más de un año en marcha y, mes a mes, se va notando más en las estadísticas de comercio exterior. Agosto fue, hasta ahora, el mes en el que más se importó bajo este régimen, y la misma semana el Gobierno destrabó un trámite puntual que venía siendo un cuello de botella para varios de esos proyectos: importar la maquinaria minera.
Qué es el RIGI, en una línea
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es el esquema que creó la Ley Bases en 2024 para atraer proyectos de gran escala (a partir de USD 200 millones de inversión) a cambio de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera garantizada por hasta 30 años. Apunta a sectores como energía, minería, siderurgia e infraestructura, y cada proyecto tiene que pasar por una evaluación y aprobación formal antes de poder acceder a esos beneficios.
Según los datos oficiales más recientes, hay 22 proyectos aprobados bajo el RIGI, que en conjunto suman un compromiso de inversión de USD 47.073 millones, repartidos entre minería, petróleo y gas, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura.
Por qué las importaciones tocaron un récord en agosto
Los proyectos aprobados por el RIGI ya empezaron a traer del exterior la maquinaria, los equipos y los insumos que necesitan para construirse y ponerse en marcha. En agosto esas compras sumaron USD 140 millones, un salto que representa el 43% de todo lo que se había importado bajo el régimen hasta julio (unos USD 171 millones acumulados). Es decir: en un solo mes entró casi la mitad de lo que se había importado en los meses anteriores combinados.
Tiene una explicación relativamente simple: varios de los proyectos aprobados están saliendo de la etapa de papeles y entrando en la etapa de obra, que es justamente cuando se necesita traer maquinaria pesada, equipos especializados e insumos de construcción. Los reportes del sector ubican a la energía y la minería como los rubros que más están empujando este movimiento.
Qué cambia la Resolución 73/2026 de Minería
Casi en paralelo a ese dato, la Secretaría de Minería publicó la Resolución 73/2026, que reemplaza dos resoluciones anteriores (89/2019 y 15/2020) y digitaliza por completo el trámite para acceder a la exención de derechos de importación y otros gravámenes que prevé la Ley de Inversiones Mineras para bienes de capital, equipos especiales, repuestos e insumos destinados a la actividad minera.
En la práctica, esto significa varias cosas concretas. Ya no hace falta tramitar una autorización previa: alcanza con presentar una declaración jurada digital que identifique el destino minero y los bienes con su posición arancelaria. Esa declaración se gestiona a través de la VUCEA (Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino) y se integra con el Sistema Informático Malvina de Aduana, con un plazo máximo de 5 días hábiles para que la autoridad minera envíe la documentación a Aduana. Además, el nuevo esquema permite importar equipos usados o reacondicionados, algo que antes complicaba a proyectos que buscaban maquinaria de segunda mano para abaratar costos.
La resolución entró en vigencia el 1° de septiembre de 2026, aunque va a operar en forma plena recién cuando se adapte la plataforma TAD y ARCA emita las normas complementarias necesarias para integrar las declaraciones al sistema de Aduana. Los trámites iniciados antes de esa fecha se siguen resolviendo con el régimen anterior.
Por qué esto importa más allá de la minería
El RIGI y la Resolución 73/2026 son herramientas específicas, pensadas para inversiones grandes y para un sector puntual: no le cambian el trámite a quien importa a menor escala. Pero sí marcan una dirección. Cambiar autorizaciones previas en papel por declaraciones juradas digitales, con plazos acotados y validación por sistemas ya existentes como VUCEA y el Sistema Malvina, es el tipo de simplificación que reduce tiempos muertos y previsibilidad para cualquiera que dependa de traer bienes de capital del exterior, más allá de si el proyecto es grande o chico.
Si esta lógica de menos trámites y más digitalización se extiende a otros regímenes de importación, el que más gana no es solo el proyecto minero de miles de millones de dólares, sino cualquier importador que hoy pierde tiempo (y plata) esperando una autorización que podría resolverse con una declaración jurada y un sistema que ya existe.